Opinión

La crisis francesa se extiende por Europa, incluida España. Más allá de la violencia callejera, la crisis de deuda amenaza con poner en jaque al continente e incluso al mundo desarrollado. Esta situación deriva del hundimiento de los dos grandes partidos, el Partido Socialista y Los Republicanos, y pone en peligro la democracia liberal, cuya paternidad Francia reivindica desde la Ilustración.

La llegada al Elíseo de Emmanuel Macron en el 2017 intentando superar la clásica división entre izquierda y derecha ha desembocado en una fuerte crisis económica. El intento de combinar medidas aparentemente opuestas, como reducir el gasto público y ampliar la protección social, ha disparado el déficit y la deuda pública. Aplicar el liberalismo económico junto con políticas intervencionistas es como intentar soplar y sorber a la vez.

El debate sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas aún no ha llegado a España

Algo parecido ha intentado hacer Pedro Sánchez durante sus ocho años de mandato. Por una parte se proclama socialdemócrata, pero al mismo tiempo reniega de partes esenciales del libre mercado y de la seguridad jurídica por exigencias de sus socios de coalición progresista.

No lo ve así el presidente del Gobierno, para quien “un gobierno del PP y Vox es retroceder cincuenta años”. Es decir, una alternancia de poder colocaría a España en la misma situación que se encontraba en 1974, cuando aún vivía Franco. Olvidar el centroizquierda no parece ser la mejor formula para hacer frente a la amenaza de crisis de deuda que nos amenaza.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha afirmado con claridad que su partido y Podemos buscan someter al PSOE durante los próximos cuatro años para que siga gobernando “para la gente”, un objetivo compartido por el Frente Amplio y EH Bildu. Es decir, aumentar el gasto público, aunque ello eleve el déficit y la deuda. A las izquierdas no parecen preocuparles la subida de tipos de interés que prepara el BCE ni un posible aumento de la prima de riesgo por contagio de la crisis francesa. El debate sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas del sur de Europa aún no ha llegado a España, pero llegará. Con una deuda de 1,7 billones, un aumento de la prima de riesgo situaría pronto el pago de intereses entre las mayores partidas de los presupuestos del Estado.

Esta vez, el BCE no parece dispuesto a ayudarnos como el 17 de noviembre del 2011, cuando empezó a comprar deuda pública para contener la escalada de la prima de riesgo. Tampoco contamos con un Mario Draghi que repita el histórico discurso del 12 de julio del 2012, que evitó el crac financiero de España. Si el BCE interviene, nos impondrá antes un ajuste drástico, al igual que a Francia e Italia.

El mal francés no se limita esta vez a las algaradas callejeras: revela un problema de fondo, la insostenibilidad de las finanzas públicas del sur de Europa.