El gobierno que salga de las urnas el 29-N recibirá una herencia económica envenenada. Si, como apuntan los sondeos, es de centroderecha, afrontará además las protestas sociales y sindicales contenidas durante los últimos ocho años. Si vuelve a imponerse una coalición progresista, la política económica quedará en un callejón sin salida ante la falta de soluciones a los problemas acumulados durante los dos mandatos de Pedro Sánchez.
El primer problema será presentar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Durante el mandato de Sánchez solo se aprobaron tres en ocho ejercicios. Es muy probable que, en diciembre, el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre este grave incumplimiento del artículo 134 de la Carta Magna. Si se confirman los pronósticos y gobierna Alberto Núñez Feijóo, se verá obligado a prorrogar de nuevo las cuentas públicas aprobadas en el 2023: unos presupuestos claramente expansivos en gastos sociales en una coyuntura que exige austeridad y recortes para cuadrar las cuentas.
El nuevo gobierno se tendrá que enfrentar a una crisis de oferta de vivienda
También deberá cambiar radicalmente la política fiscal si quiere cumplir su programa electoral, pues España es el país de la Unión Europea que más ha aumentado los impuestos y la recaudación en la última década. Al mismo tiempo, tendrá que reducir el déficit y la deuda pública, que figuran entre los más elevados de la OCDE. Además, el pago de intereses de la deuda ya supera los 40.000 millones de euros, más de la mitad de lo que se destina a educación, y la subida de los tipos de interés del BCE agravará esa carga, y sin los fondos que hasta ahora venían de Bruselas.
El otro gran tema pendiente para el nuevo gobierno es el acceso a la vivienda. Durante estos últimos ocho años la situación se ha agravado por la falta de inversiones en viviendas publicas para alquiler. En este tiempo más de 272.000 familias han sido desahuciadas por los jueces, incluida la de Maricarmen Abascal. El nuevo gobierno se tendrá que enfrentar a una crisis de oferta ya que la legislación actual ha hecho desaparecer mas de 200.000 viviendas en alquiler y ha retraído la inversión inmobiliaria. Mientras tanto la demanda se ha disparado por la masiva llegada de inmigrantes, lo que ha disparado los precios un 67% mientras el poder adquisitivo de los salarios se mantiene congelado.
Aunque la herencia mas envenenada de todas es la política de fronteras abiertas practicadas por el Gobierno Sánchez. Si Feijóo la mantiene, se enfrentará con el resto de sus socios europeos. Si la cambia, la limita el enfrentamiento serio con Vox, que exige repatriaciones como está haciendo el presidente Donald Trump en Estados Unidos. Si los inmigrantes no siguen llegando como hasta ahora, unos 500.000 al año, el crecimiento económico se frenará de golpe y muchos de los empleos para los que se les necesita dejarán de cubrirse.
Y esto solo sería una parte de lo que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno.